La principal solución para mejorar la relación comercial con Estados Unidos es celebrar un acuerdo comercial y un tratado bilateral de inversiones con ese país, donde se establezca claramente que en el caso de discrepancias entre las partes, estas podrán someterlas al sistema de arbitraje internacional que ellas escojan, para cuyo efecto es necesario derogar el artículo 422 de la Constitución, que prohíbe que el Ecuador celebre tratados o instrumentos internacionales en los que se someta a un arbitraje internacional.
Esto no significa que en los contratos que celebre el Estado ecuatoriano, o una de sus instituciones con un tercero, las partes no puedan acordar someter sus discrepancias a un sistema de arbitraje internacional, ya que lo que prohíbe la Constitución es que el Estado celebre tratados o instrumentos internacionales en los que se ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, lo cual es muy distinto. Hay que diferenciar un contrato de un tratado bilateral de inversiones y de un acuerdo comercial celebrado entre dos o más países.
En la Ley de Promoción de Inversiones recientemente aprobada, se establece que en los contratos de inversión cuyo monto supere los 10 millones de dólares, el Estado deberá pactar arbitraje nacional o internacional, lo cual es un gran paso adelante para atraer inversión extranjera, pero en mi opinión, si se mantiene dicha prohibición constitucional, habrá inversionistas que pongan en tela de duda la aplicación de un sistema de arbitraje internacional. Un acuerdo comercial con Estados Unidos otorgaría continuidad al trato preferencial que reciben nuestras exportaciones de banano, camarones, flores, cacao, etcétera, a ese mercado, e incorporaría otros temas como el de la propiedad intelectual y medidas sanitarias y fitosanitarias. Hay que eliminar varios aranceles o por lo menos reducirlos, y hay que simplificar todos los trámites existentes para realizar operaciones de comercio exterior. Es necesario también celebrar un tratado bilateral de inversiones con nuestro principal socio comercial, donde se establezca que cada parte permitirá y tratará las inversiones y sus actividades afines, de manera no menos favorable que la que otorga en situaciones similares a las inversiones de sus propios nacionales; que las inversiones no se expropiarán ni nacionalizarán directamente ni indirectamente; que cuando surja una diferencia en materia de inversión, si esta no se soluciona amigablemente, las partes podrán someterlas a cualquier procedimiento de solución de diferencias, aplicable y previamente convenido; y, que en materia tributaria, cada parte deberá esforzarse por actuar justa y equitativamente en el trato de las inversiones de los nacionales y las sociedades de la otra parte.
Es recomendable que se cree una ventanilla única en el Banco Central, la Senae –Servicio Nacional de Aduana del Ecuador–, o en los municipios, donde se paguen todos los impuestos aduaneros, fiscales y municipales que permitan importar y desaduanar mercaderías en cortísimo tiempo. Que se unifiquen y simplifiquen criterios en la Superintendencia de Compañías y en la de Bancos, para constituir empresas o para liquidarlas en muy corto tiempo, especialmente los criterios financieros-contables, ya que en la actualidad no hay normas de conductas como antes teníamos las doctrinas societarias, por lo que los funcionarios pueden tener criterios diferentes en casos similares. Necesitamos procedimientos expeditos con criterios claros. Es conveniente que los empresarios nacionales y extranjeros se unan para hacer lobbying en Washington y en Quito, a fin de lograr que nuestros países celebren un acuerdo comercial y un tratado bilateral de inversiones; y que la Cancillería y el Ministerio de Comercio trabajen mancomunados, como aparentemente lo están haciendo ahora último para lograr ese objetivo. Esperamos que así sea.(O)
Miguel Macías Carmigniani, abogado, Guayaquil
